En España, las defunciones por suicidio aumentan desde 2018 y, pese a un descenso del 6 % en 2024, siguen siendo la primera causa externa de muerte, con 3.846 fallecimientos.
Ante esta situación, surge la pregunta: ¿en qué falla la prevención? Según Pilar Saiz, secretaria de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), el suicidio nunca podrá erradicarse, pero sí es posible reducir la mortalidad, del mismo modo que se logró con los accidentes de tráfico.
Y es que, explica, cuanto más bajas son las tasas de suicidio, más difícil es reducirlas. En países del antiguo bloque del este de Europa, las tasas altas permitieron descensos importantes tras implementar planes de prevención, pero mejorar cifras ya bajas resulta mucho más complejo.
Por otra parte, indica que existen casi tantos protocolos de actuación para la prevención del suicidio como autonomías hay en España. “Sobre el papel disponemos de la estrategia nacional que se aprobó este año, pero consta de ideas generales, no de pautas concretas de actuación, que las pone cada hospital”.
En este sentido, recuerda que “para que los planes preventivos funcionen, hay que dotarlos”. Asimismo, “los protocolos implementados deben estar universalizados y dotados de forma real”. Además, “teniendo en cuenta que uno de los mejores predictores de posible riesgo de suicidio consumado con los que contamos actualmente son las tentativas de suicidio previas, habría que empezar desde el momento cero”.
Es decir, tras una tentativa de suicidio, el hospital decide si dar el alta o ingresar al paciente, según exista o no un riesgo físico o psicológico, incluida la posibilidad de repetición.
Por tanto, cuando el paciente sale del hospital, “debería empezar un seguimiento protocolizado para la prevención de futuros eventos, porque es una persona ya con especial riesgo elevado, y no dejar que pueda perderse en ningún punto o en ningún momento del sistema”, sostiene.
Otra cuestión habitual, y no solo de nuestro país, “es que muchos pacientes que se suicidan realmente no tienen contacto con los servicios de salud mental, no son conocidos por el sistema”, bien porque no se haya detectado que existe riesgo, o bien porque vayan al servicio privado.
“Y si no sabemos de la existencia de riesgo en un paciente, lógicamente, no se puede intervenir”. La magnitud de este problema se acentúa en la adolescencia.
El 20,8 % de los menores de entre 10 y 19 años padece algún trastorno de salud mental diagnosticado, lo que sitúa a España a la cabeza de Europa.