El colectivo de la discapacidad, perjudicado por el Ingreso Mínimo Vital
La entidad Plena Inclusión critica que la ley del Gobierno PSOE-Podemos elimina la prestación familiar por hijo a cargo con un grado de discapacidad inferior al 33%. Proponen un cambio en la normativa para incluir también como beneficiarios a quienes están tutelados por servicios residenciales y a las personas incapacitadas judicialmente. En Aragón hay 8.790 ciudadanos con algún tipo de discapacidad intelectual
La puesta en marcha de la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha dejado al descubierto un agujero social que afecta, especialmente, a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. La eliminación en muchos casos de la prestación que reciben las familias con hijos discapacitados es una de las principales denuncias que trasladan desde Plena Inclusión Aragón, en línea con la postura de su entidad estatal. Han presentado alegaciones a la normativa para corregir esta situación e incluir dentro de los beneficiarios a personas que están tuteladas en centros residenciales y aquellos que se encuentran incapacitados judicialmente.
Hasta la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, las familias con hijos con discapacidad intelectual a su cargo recibían una ayuda mensual, a cargo de la Seguridad Social, que oscilaba entre los 100 y los 500 euros. Ahora, esta prestación no se podrá solicitar en aquellos casos que el porcentaje de discapacidad sea inferior al 33%. “Esta medida no valora el sobresfuerzo de las familias con hijos discapacitados intelectualmente”, denuncia Santiago Villanueva, presidente de Plena Inclusión Aragón.
Este agravio radica en los criterios utilizados para determinar quién puede beneficiarse del Ingreso Mínimo Vital. En este sentido, la ley del Ejecutivo Central establece la unidad familiar de convivencia como referencia, excepto en los casos en los que el solicitante viva solo. De este modo, ejemplifica el presidente de Plena Inclusión Aragón, “un matrimonio con un hijo discapacitado a su cargo estaría en la misma situación para acceder a este ingreso mínimo que otro matrimonio con un hijo sin discapacidad e idéntico nivel de renta”.
La creación de una nueva categoría donde se enmarque a las personas con discapacidad es una de las medidas que entidades como Plena Inclusión reclaman. “Nosotros pedimos que la persona con discapacidad intelectual sea reconocida dentro de una unidad de convivencia especial”, señala Santiago Villanueva. Estas reclamaciones, apunta, se trasladarán este miércoles al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a través de una reunión.
Alrededor de 8.790 personas con discapacidad intelectual viven en la Comunidad, según datos aportados en 2018 por el Gobierno de Aragón. De este total, el 65% (unos 5.700) presentan una minusvalía inferior al 75%, según estiman desde Plena Inclusión. “Son estos últimos los más perjudicados por los cambios incorporados a raíz de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital”, asegura Villanueva. Además, “el 50% de las personas que están tuteladas por fundaciones en centros residenciales han quedado fuera”, denuncia.
En la actualidad, un total de 1.800 familias en Aragón ya han recibido la confirmación de que recibirán desde este mes de junio el Ingreso Mínimo Vital. En total, son 6.400 personas, más de la mitad niños, tal como anunció en las Cortes la consejera de Derechos Sociales y Ciudadanía del Gobierno de Aragón, Mariví Broto.