Pinceladas del gobierno central para mejorar la Educación
Acaba de comenzar un nuevo curso académico marcado por una ligera recuperación de inversión económica y el aumento del cuerpo de profesores en Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y F.P. Las oposiciones, celebradas el pasado verano para las diferentes etapas, han permitido incrementar el cuerpo de docentes. Sin embargo, habrá cientos de plazas que no se cubrirán, sobre todo en Matemáticas, Física y Química, Economía o F.P., porque en aquellas oposiciones no aprobaron el número necesario de opositores para cubrirlas.
¿Qué consecuencias va a tener todo ello en la formación de los menores durante el curso 2018-2019?
En regiones como Madrid, Castilla La Mancha o Murcia, esas plazas se están cubriendo con profesores de la bolsa de interinos, e incluso en el caso concreto de la región de Madrid se estaba llamando a esas personas el día antes de iniciar el curso.
Se dará por finalizado el aumento del 20% de la ratio estudiante-profesor en el aula. Esto permitirá que, salvo alguna excepción, se puedan cubrir las bajas durante el curso en un plazo menor a las dos semanas desde que se notifiquen aquellas, como venía ocurriendo desde 2011. Junto a ello, según el Anteproyecto de Ley del Ministerio de Educación presentado el 5 de septiembre, se acaba con el aumento de horas lectivas de profesores y docentes desde el Bachillerato a Infantil. En la actualidad, tienen un mínimo de 25 horas lectivas -que no laborables- en Infantil y Primaria, y 20 horas en la ESO, Bachillerato y F.P. La determinación del Gobierno central es que sean las Comunidades Autónomas las que establezcan los horarios lectivos.
Sin embargo, el resto de medidas anunciadas por la ministra de Educación, Isabel Celaá, no podrán entrar en vigor hasta el curso 2019-20 debido a dos circunstancias que van unidas: Una, el presupuesto destinado a Educación fue aprobado en su día por el anterior gobierno del PP de Rajoy con el apoyo de Ciudadanos, PNV y CC. Dos, no será posible incrementar notablemente la inversión en Educación y en el resto de pilares del Estado del Bienestar (Sanidad y Servicios Sociales), hasta que no se firme el acuerdo con la Unión Europea sobre el Pacto de Estabilidad Financiera. Hasta que desde la Comisión Europea no se dé luz verde a la posibilidad de aumentar el déficit dentro del Plan Presupuestario de 2019, no será posible dar un paso cualitativo en inversión educativa. Así que por el momento el compromiso que asumió el PSOE, mientras estaba en la oposición, de aumentar en un 5% el presupuesto en Educación, se queda en un deseo más que en una realidad. Por tanto, otro de los anuncios que realizó Celaá durante su ponencia, la intención de que crezcan de manera sensible las cuantías de las becas y ayudas al estudio, tendrá que esperar a que haya liquidez presupuestaria para hacerlo factible. Para el curso 2018-19, el incremento total será sólo de 10 millones de €, e irá destinado a los becarios de las familias con rentas más bajas.
Durante su intervención en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados el pasado 5 de septiembre, la ministra Celaá no aclaró una de las dudas más relevantes en estos últimos años: la situación presente y futura de la escuela concertada. En su intervención señaló que no actuará contra la enseñanza concertada. Toca ver en los próximos meses con las decisiones que se tomen desde el Ministerio, si cumple o no con la palabra dada. Durante su etapa como consejera de Educación en el País Vasco, Celaá respetó a la enseñanza concertada.
Otro campo en el que el Gobierno central quiere dar un impulso es el de la protección de los menores contra la violencia física o psicológica, como anunció la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón el pasado 7 de septiembre. Para ello está en fase de tramitación el Anteproyecto de Ley de Protección Integral frente a la violencia contra la Infancia. La norma se centrará en prestar especial atención a aquellos ámbitos donde desarrollan su día a día los menores -hogar, centros educativos, vecindario, sociosanitario, deportivo, digital y ocio-, para prevenir esos episodios de maltrato y ayudar a la socialización de los más pequeños. Entre los casos de abuso que incluirá la futura ley estarán tipificados lo de carácter sexual, así como el acoso y la violencia ejercida a través de las redes sociales.
Carmen Montón afirmó que se tendrán en cuenta las especiales circunstancias de los grupos de menores con situaciones de vulnerabilidad concretas como: menores víctimas de trata, los discapacitados, los niños y adolescentes extranjeros no acompañados, y los que forman parte del colectivo de homosexuales, lesbianas, transexuales y bisexuales.
Entre las medidas que se plantea para garantizar la protección de los menores en la futura ley, está disponer de una base de datos unificada que impidan ejercer profesiones relacionadas con aquellos a los individuos que tengan antecedentes de violencia.
Se pretende además dar una formación complementaria y de puesta al día a jueces, fiscales y demás profesionales vinculados. En caso de haber juicios por haberse vulnerado los derechos de un menor, se le dará especial atención a éste a ser escuchado.
Manuel Carmona Rodríguez