Iniciativa legislativa popular (ILP) contra el copago
El Pleno del Congreso de los Diputados respaldó de forma casi unánime este martes la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra “el copago confiscatorio en dependencia” impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). La toma en consideración fue aprobada por 342 votos a favor, seis en contra (sólo el PNV votó en contra) y ninguna abstención.
El PNV se mostró en contra del texto, por considerar que “supone una invasión de competencias” y va en contra del Estatuto de Gernika. Los demás grupos apoyaron la toma en consideración de esta propuesta, aunque muchos de ellos sí presentarán enmiendas durante el trámite parlamentario.
La propuesta persigue modificar los artículos 14 y 33 de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, en lo relativo a su participación en el coste de los servicios y prestaciones.
Más de 740.000 personas respaldaron con su firma la iniciativa que, a causa de la inestabilidad política, ha decaído hasta en cuatro ocasiones desde su llegada al Congreso en 2016. Según el presidente de Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, “estos cinco años de demora han generado frustración y decepción en el sector de la discapacidad y la dependencia”.
Por eso, pidió “el respaldo unánime” de todos los grupos a esta ILP que propone introducir una serie de criterios «más claros y justos» en la actual Ley de la Dependencia para acabar con “el copago confiscatorio”.
Entre estos, la propuesta demanda dejar exentas de todo copago a aquellas personas cuyas rentas sean inferiores a 2,5 veces el Iprem (1.344,5 euros), que la aportación máxima no supere en ningún caso el 60% del coste total del servicio y que la edad y el momento vital en que apareció la situación de dependencia se tengan en cuenta a la hora de determinar la renta disponible de la persona.
Para Carbalho, esta iniciativa “viene a intentar suplir un déficit histórico” en la financiación de los servicios de dependencia y a “dar visibilidad” a los colectivos de personas dependientes y con discapacidad cuyas “voces históricamente han sido silenciadas”. Boadella denunció a su vez que el sistema de dependencia “arrastra una infra financiación de muchos años”, en los que el Estado “ha incumplido su propia ley” y las comunidades tuvieron que asumir casi en exclusiva el coste de los servicios.
En esta idea incidió Luis Sahuquillo, portavoz del PSOE, para quien aquella norma supuso “el reconocimiento del derecho de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por el Estado”. Ambas formaciones presentarán enmiendas para mejorar el texto.
Según el responsable socialista, “escucharemos a las comunidades, que son las encargadas de la gestión del sistema de dependencia, y nos sentaremos con ellas y con todos los grupos políticos para sacar adelante la mejor reforma posible”.
Asimismo, la portavoz del PP en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas de Discapacidad, Alicia García, ya había avanzado el voto favorable de su grupo, tras criticar la “insuficiencia” del Plan de choque y del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para la atención a la dependencia. En su opinión, la ley de 2006 nació sin ninguna memoria económica que la sustentase y, por eso mismo “resultaba insostenible”.
Por su parte, la diputada de Vox Rocío de Meer criticó “el abandono” al que, en su opinión, “el Gobierno somete a las personas en situación de dependencia”. “
Todos los grupos, incluido el PNV, resaltaron la labor llevada a cabo por el Cermi y por el resto de asociaciones del movimiento de la discapacidad y reconocieron “la amplia base social” con la que cuenta esta iniciativa.