Nuevos baremos de discapacidad

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Según el Instituto Nacional de Estadística hay 4,38 millones de personas con discapacidad reconocida en España, prácticamente un 10% del total de la población. Una representación de este colectivo se integrará además en la Comisión de Valoración de la Discapacidad, para asegurar la participación en primera línea de las personas que son objeto de este nuevo señalamiento.

La aprobación del Real Decreto que regula el baremo de reconocimiento, declaración y calificación de la discapacidad, con un trámite de urgencia para personas con ELA y otras enfermedades raras, marcó la actualidad del pasado martes 18 de octubre en España. Esta medida se adapta al modelo social de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, con un enfoque de derechos humanos.

«Por fin terminamos con esa situación aprobando un nuevo baremo con criterios más objetivos, más precisos y más humanos, los trámites van a ser más ágiles, más flexibles y más accesibles en todo el proceso», afirmó la ministra de Derechos Sociales.

El nuevo baremo establece los criterios objetivos para la calificación del grado de discapacidad, agilizando y flexibilizando los trámites con medios telemáticos y asegurando la accesibilidad universal de todo el proceso.

Permite que la persona pueda ir acompañada por alguien de confianza, lo que redundará favorablemente en la autonomía y seguridad de las personas con discapacidades severas o grandes necesidades de apoyo.

Una de las novedades es la puesta en marcha de un trámite de urgencia cuando fuese necesario por causas humanitarias o de especial necesidad social, como son las víctimas de zonas en guerra, o de salud y de esperanza de vida, como es el caso de las personas con enfermedades degenerativas como la ELA, entre otras.

También podrán acogerse a este trámite de urgencia las víctimas de violencia de género ya que, según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, el 17,5 % tienen una discapacidad ocasionada por el maltrato.

Esta regulación establece la obligación de garantizar el derecho de los menores con discapacidad a ser informados, oídos y escuchados sin discriminación por razón de la edad o discapacidad.