Cuando la muerte se convierte en “derecho social”

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La izquierda, Ciudadanos y el PNV sumaron los votos para permitir que España sea el sexto país del mundo que regula el derecho a “la muerte digna”.

El adjetivo “histórico” está tan manido que ninguno de los diputados se atrevió a usarlo, aunque hubiese motivos que lo justificasen. España es el sexto país del mundo en reconocer la eutanasia. Y lo hace con un amplio acuerdo político, plasmado en la votación de este jueves en el Congreso de los Diputados: 198 a favor, 138 en contra y dos abstenciones. Una vez que la ley pase el trámite del Senado, ya será legal en España que un enfermo incurable solicite ayude para poner fin a su vida.

El anterior intento de aprobar una ley de eutanasia —el actual era el quinto— se produjo hace tres años, lo promovió Unidas Podemos y entonces los socialistas votaron en contra. En esta ocasión han sido sus impulsores y los que han negociado con los demás grupos a través de la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo. Desde la tribuna del Congreso la felicitó su sucesor, Salvador Illa, para quien la aprobación supone una prueba de que España es una “sociedad democrática y madura”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se asomó poco después a las redes sociales para saludar la nueva “conquista social”.

Los distintos portavoces fueron compartiendo los argumentos en defensa de la ley. No supone una despenalización de la ayuda al suicidio, insistieron, sino un derecho para enfermos en situaciones irreversibles. La norma es un nuevo “derecho social”, es “garantista”, la palabra más repetida, porque, entre otras cosas, obliga al paciente a ratificar en cuatro ocasiones, bajo supervisión médica, su voluntad de morir. Permite la objeción de conciencia de los sanitarios. “Hay que legislar más allá del código ético de cada uno”, abundó Joseba Aguirretxea, del PNV.

El diputado del PP José Ignacio Echániz se centró en defender la alternativa de una ley de cuidados paliativos y en subrayar la oposición de la cúpula de los colegios médicos, de sociedades científicas y de “todas las confesiones religiosas”, criticando que no se hubiesen escuchado esas voces antes de abordar una reforma “atropellada y chapucera”.

Quien de verdad puso en pie a los diputados de la derecha fue el portavoz de UPN, Carlos García Adanero, que lo ilustró así: “Esto es como el suicida que está en el alero, Se le puede mandar la policía y los psicólogos o empujarlo. Ustedes lo van a empujar”.

Cuando la muerte se convierte en “derecho social”

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La izquierda, Ciudadanos y el PNV sumaron los votos para permitir que España sea el sexto país del mundo que regula el derecho a “la muerte digna”.

El adjetivo “histórico” está tan manido que ninguno de los diputados se atrevió a usarlo, aunque hubiese motivos que lo justificasen. España es el sexto país del mundo en reconocer la eutanasia. Y lo hace con un amplio acuerdo político, plasmado en la votación de este jueves en el Congreso de los Diputados: 198 a favor, 138 en contra y dos abstenciones. Una vez que la ley pase el trámite del Senado, ya será legal en España que un enfermo incurable solicite ayude para poner fin a su vida.

El anterior intento de aprobar una ley de eutanasia —el actual era el quinto— se produjo hace tres años, lo promovió Unidas Podemos y entonces los socialistas votaron en contra. En esta ocasión han sido sus impulsores y los que han negociado con los demás grupos a través de la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo. Desde la tribuna del Congreso la felicitó su sucesor, Salvador Illa, para quien la aprobación supone una prueba de que España es una “sociedad democrática y madura”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se asomó poco después a las redes sociales para saludar la nueva “conquista social”.

Los distintos portavoces fueron compartiendo los argumentos en defensa de la ley. No supone una despenalización de la ayuda al suicidio, insistieron, sino un derecho para enfermos en situaciones irreversibles. La norma es un nuevo “derecho social”, es “garantista”, la palabra más repetida, porque, entre otras cosas, obliga al paciente a ratificar en cuatro ocasiones, bajo supervisión médica, su voluntad de morir. Permite la objeción de conciencia de los sanitarios. “Hay que legislar más allá del código ético de cada uno”, abundó Joseba Aguirretxea, del PNV.

El diputado del PP José Ignacio Echániz se centró en defender la alternativa de una ley de cuidados paliativos y en subrayar la oposición de la cúpula de los colegios médicos, de sociedades científicas y de “todas las confesiones religiosas”, criticando que no se hubiesen escuchado esas voces antes de abordar una reforma “atropellada y chapucera”.

Quien de verdad puso en pie a los diputados de la derecha fue el portavoz de UPN, Carlos García Adanero, que lo ilustró así: “Esto es como el suicida que está en el alero, Se le puede mandar la policía y los psicólogos o empujarlo. Ustedes lo van a empujar”.